Objetivo General 1.2 Imperio de la ley y seguridad ciudadana

• 1.2.1 Fortalecer el respeto a la ley y sancionar su incumplimiento a través de un sistema de administración de justicia accesible a toda la población, eficiente en el despacho judicial y ágil en los procesos judiciales.

1.2.1.1 Fortalecer la independencia y autonomía del sistema judicial, a fin de asegurar la equidad, imparcialidad, transparencia, previsibilidad y seguridad jurídica en su actuación y la sanción al incumplimiento de la ley.
1.2.1.2 Profundizar la reforma del Sistema Judicial y garantizar la idoneidad técnica y conductual de todos los actores del sistema de justicia.
1.2.1.3 Desarrollar y consolidar los avances de la Carrera Judicial y de la Carrera del Ministerio Público, respetando la equidad de género en el acceso a los puestos en todos los niveles del Sistema de Justicia.
1.2.1.4 Institucionalizar y fortalecer mecanismos que mejoren el acceso de toda la población al sistema de administración judicial y a formas alternativas de resolución de conflictos, como arbitraje, conciliación y mediación y establecer espacios de capacitación de mediadores, para eficientizar la administración de justicia y contribuir con ello a la paz social.
1.2.1.5 Capacitar y sensibilizar al personal de todas las instituciones del Sistema de Justicia en materia de derechos humanos, con énfasis en los derechos de mujeres, niñez y adolescencia.
1.2.1.6 Universalizar y fortalecer la reforma del sistema penitenciario, como medio de rehabilitación, reeducación y reinserción social de las personas que cumplen penas.
1.2.1.7 Fortalecer y mejorar los mecanismos de orientación a la población sobre sus derechos y deberes, así como promover el conocimiento de los servicios de la Administración de Justicia y de las leyes más usuales para fomentar una cultura de respeto a la ley y ejercicio efectivo de derechos.
1.2.1.8 Articular mecanismos institucionales que faciliten el acceso de la ciudadanía a la jurisdicción constitucional, para exigir la sujeción a la Constitución de todas las personas y órganos que ejercen potestades públicas y garantizar la tutela efectiva de sus derechos fundamentales, entre ellos los relativos a equidad y derechos de las mujeres y grupos vulnerables, frente a cualquier acción u omisión de poderes públicos o particulares.
1.2.1.9 Actualizar la legislación adjetiva para adecuarla a los principios constitucionales y los avances del derecho comparado, promoviendo con ello el desarrollo y la competitividad del país y asegurando el estricto cumplimiento de los convenios internacionales, entre ellos los relativos a equidad y derechos de las mujeres y grupos vulnerables.
1.2.1.10 Fortalecer la justicia especializada en adolescentes en conflicto con la Ley Penal, propiciando una justicia eficiente, medidas alternativas a la privación de libertad y programas que garanticen la reeducación.

• 1.2.2 Construir un clima de seguridad ciudadana basado en el combate a las múltiples causas que originan la delincuencia, el crimen organizado y la violencia en la convivencia social, incluyendo la violencia contra la mujer, niños, niñas y adolescentes, mediante la articulación eficiente de las políticas de prevención, persecución y sanción.

1.2.2.1 Promover y articular mecanismos para concienciar a las familias, comunidades y organizaciones sociales sobre la importancia de la educación en valores para la convivencia social y la paz.
1.2.2.2 Asegurar la debida coordinación y articulación entre las instituciones especializadas, organismos comunitarios y población en general, en el diseño y ejecución de las políticas de prevención, vigilancia y persecución del delito, el crimen y la violencia ciudadana, incluyendo la violencia de género y contra niños, niñas y adolescentes, con el propósito de lograr la construcción de comunidades seguras.
1.2.2.3 Priorizar el diseño y ejecución coordinada de las políticas públicas dirigidas a garantizar que la población joven permanezca en el sistema educativo, participe en las actividades sociales, culturales, deportivas y recreativas, y se capacite para la inserción en el mercado laboral, desde un enfoque de igualdad y equidad.
1.2.2.4 Fortalecer el marco institucional y normativo para el control de prácticas que inciden en el delito y la violencia, sobre todo la violencia de género y contra niños, niñas y adolescentes, tales como uso de armas, drogas y juegos de azar.
1.2.2.5 Crear los órganos, procedimientos, mecanismos y sistema de registro, que garanticen, con estricta sujeción al principio de legalidad, un proceso continuo de monitoreo y evaluación por parte de la ciudadanía y de los órganos de control externos e internos de las acciones ejecutadas en materia de prevención del delito y la violencia ciudadana, incluyendo la violencia de género y contra niños, niñas y adolescentes.
1.2.2.6 Profesionalizar y fortalecer, incorporando el enfoque de género, el Ministerio Público, la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas, dotándolas de las capacidades y recursos logísticos y tecnológicos para la prevención del delito y la violencia ciudadana, incluyendo la violencia de género y contra niños, niñas y adolescentes, con énfasis en su misión de servicio a la población y preservación del orden público.
1.2.2.7 Impulsar un modelo de policía comunitaria al servicio de los intereses de la población.
1.2.2.8 Establecer sistemas de control interno que garanticen una actuación de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas, conforme a principios de transparencia, idoneidad, lealtad y respeto al poder civil y a los derechos fundamentales de la población.
1.2.2.9 Fortalecer y ampliar los sistemas integrales de denuncia, atención y protección a personas víctimas de violencia, en particular mujeres, adolescentes, niños y niñas, incluyendo centros de refugio y atención.
1.2.2.10 Desarrollar y fortalecer los organismos especializados de apoyo al Ministerio Público, a fin de elevar la eficacia de su contribución al Sistema de Justicia.