Objetivo General 1.3 Democracia participativa y ciudadanía responsable

1.3.1
Promover la calidad de la
democracia, sus principios,
instituciones y procedimientos,
facilitando la participación
institucional y organizada de la
población y el ejercicio

1.3.1.1 Establecer una Ley de participación social, con criterios de afirmación positiva
para grupos tradicionalmente excluidos, que garantice a la población la canalización de
sus necesidades, demandas y propuestas a las instancias correspondientes.

1.3.1.2 Desarrollar y consolidar mecanismos de participación y veeduría social,
sustentados en el acceso a la información pública, rendición de cuentas y evaluación y
control de calidad de las políticas y servicios públicos.

1.3.1.3 Promover el voluntariado como un mecanismo de participación de la población
en el proceso de desarrollo y la solidaridad como valor.
1.3.1.4. Consolidar y promover la participación de las organizaciones de la sociedad civil
en la gestión de lo público.
1.3.1.5 Establecer programas permanentes de educación y promoción de valores,
principios e ideales democráticos, incluyendo la titularidad de deberes y derechos
establecidos en los diversos instrumentos legales, para propiciar fluidez en la relación
Estado-sociedad y la corresponsabilidad social de la población y las empresas.
1.3.1.6 Fomentar la función de la Defensoría del Pueblo y la concienciación de la
población sobre su rol como instancia para la salvaguardia de sus derechos.
responsable de los derechos y
deberes ciudadanos.
1.3.1.7 Universalizar el registro civil oportuno y mejorar la cobertura de registro tardío de
la población adulta, especialmente de aquellos que pertenecen a grupos sociales
excluidos.

1.3.2
Promover la consolidación del
sistema electoral y de partidos
políticos para garantizar la
actuación responsable,
democrática y transparente de
los actores e instituciones del
sistema político.
1.3.2.1 Establecer y aplicar una regulación eficiente del funcionamiento de los partidos
políticos y mecanismos de monitoreo que aseguren el adecuado financiamiento, la
transparencia en el uso de los recursos y la equidad en la participación electoral.
1.3.2.2 Establecer mecanismos que permitan mayor apertura del sistema electoral para la
inclusión y representación de nuevos actores políticos y sociales, asegurando la equidad
de género en materia de acceso a los puestos de decisiones y estructuras partidarias.
1.3.2.3 Promover el debate de ofertas electorales con base en propuestas programáticas.

1.3.3
Fortalecer las capacidades de
control y fiscalización del
Congreso Nacional para
proteger los recursos públicos y
asegurar su uso eficiente, eficaz
y transparente.

1.3.3.1 Promover el fortalecimiento de capacidades de las comisiones y oficinas técnicas
del Congreso Nacional para que, sobre la base de información adecuada y oportuna,
incluyendo la provista por la Cámara de Cuentas y el Sistema Integrado de Gestión
Financiera, pueda cumplir con el mandato constitucional y legal de fiscalización y control
del uso de los recursos públicos.
1.3.3.2 Fortalecer la asesoría técnica al Congreso Nacional para apoyarlo en sus labores
legislativas y en la supervisión de las ejecutorias de la Administración Pública y de todas
las entidades que administren recursos del erario.
1.3.3.3 Institucionalizar mecanismos transparentes de rendición de cuentas del Congreso
Nacional sobre su labor legislativa y de fiscalización y control de las ejecutorias de la
Administración Pública.
1.3.3.4 Desarrollar una agenda legislativa priorizada que coadyuve en la aprobación y
modificación de las leyes necesarias para facilitar la ejecución de la Estrategia Nacional
de Desarrollo 2030.