Objetivo General 2.3 Igualdad de derechos y oportunidades

2.3.1 Construir una cultura de
igualdad y equidad entre
hombres y mujeres.

2.3.1.1 Fortalecer los mecanismos jurídicos e institucionales que aseguren el pleno
ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y políticos de la mujer.
2.3.1. 2 Armonizar y actualizar el marco legal para una implementación efectiva de las
políticas públicas relativas a la igualdad y a los derechos de las mujeres consagrados en la
Constitución vigente.
2.3.1.3 Promover una cultura de erradicación de la violencia intrafamiliar y contra la mujer,
niños, niñas y adolescentes.
2.3.1.4 Fortalecer el sistema de prevención y sanción de la violencia intrafamiliar y de
género mediante la colaboración institucional público-privada, con base en protocolos de
actuación que aseguren una iniciativa global e integral frente a la violencia de género y
contra niños, niñas y adolescentes.
2.3.1.5 Fomentar la participación pro-activa de la mujer en todos los espacios de la vida
económica, política, social y cultural.
2.3.1.6 Crear mecanismos que faciliten la inserción de la mujer en el mercado laboral sin
discriminación, incluyendo protección contra el acoso sexual, y fomenten la
corresponsabilidad paterna y social en el cuidado de la familia.
2.3.1.7 Concienciar sobre la igualdad de derechos y la equidad de género para construir
una imagen revalorizada del aporte de la mujer a la economía y la sociedad que supere los
estereotipos tradicionalmente asignados a hombres y mujeres, utilizando espacios y
actividades desarrollados por escuelas, gobiernos municipales y organizaciones de la
sociedad civil.
2.3.1.8 Fortalecer las regulaciones, mecanismos y acciones que garanticen la universalidad
de la provisión de servicios de estancias infantiles a los afiliados y afiliadas de los tres
regímenes de sistema de seguridad social, para promover la atención integral y
estimulación temprana de niños, niñas y facilitar el acceso de las madres y padres a los
puestos de trabajo.
2.3.1.9 Fortalecer el cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales en
materia de equidad y derechos de la mujer.
2.3.1.10 Establecer estancias infantiles en universidades y centros de formación profesional
estatales, para facilitar el acceso de las madres y padres a la educación y promover la
atención integral y estimulación temprana de los niños y niñas.

2.3.2
Elevar el capital humano
y social y las
oportunidades
económicas para la
población en condiciones
de pobreza, a fin de
elevar su empleabilidad,
capacidad de generación
de ingresos y mejoría de
las condiciones de vida.
2.3.2.1 Promover la equidad educativa a través del apoyo a las familias más vulnerables, en
especial las de jefatura femenina y a estudiantes en condiciones de desventaja, para
asegurar su permanencia y progresión en el sistema educativo.
2.3.2.2 Ampliar la cobertura de los programas de alfabetización de adultos hasta lograr la
erradicación del analfabetismo.
2.3.2.3 Fortalecer el sistema de capacitación laboral tomando en cuenta las características
de la población en condición de pobreza, para facilitar su inserción al trabajo productivo y
la generación de ingresos.
2.3.2.4 Fomentar las iniciativas emprendedoras y el desarrollo y la sostenibilidad de las
micro empresas, incluyendo las microempresas de mujeres y jóvenes, mediante un
adecuado marco institucional para la provisión de servicios de financiamiento y
capacitación.

2.3.3
Disminuir la pobreza
mediante un efectivo y
eficiente sistema de
protección social, que
tome en cuenta las
necesidades y
vulnerabilidades a lo
largo del ciclo de vida.

2.3.3.1 Estimular y consolidar redes comunitarias, incluyendo las cooperativas y formas de
economía solidaria, que contribuyan a la formación de valores, al fortalecimiento del
capital social y al abordaje colectivo de los problemas comunitarios, incluyendo los
ambientales y de vulnerabilidad ante desastres, a fin de mejorar los niveles de convivencia,
participación, condiciones de vida y seguridad ciudadana.
2.3.3.2 Consolidar el sistema de transferencias condicionadas, priorizando los hogares con
jefatura femenina y en condición de pobreza extrema, para que asegure el cumplimiento de
las corresponsabilidades en materia de salud, educación, capacitación laboral y nutrición, y
establezca una clara definición de los mecanismos de entrada y salida.
2.3.3.3 Reformar la institucionalidad del sistema de protección social para mejorar el
sistema de diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de las políticas de protección e
inclusión de las familias en condición de pobreza y vulnerabilidad, mediante la integración
coordinada de las acciones de los diversos niveles de gobierno e instituciones.
2.3.3.4 Promover la participación activa de los diferentes actores y sectores sociales en los
procesos de diseño, ejecución, evaluación y monitoreo de políticas, programas y proyectos
orientados a la reducción de la pobreza, incluyendo aquellos que también impactan
positivamente en la sostenibilidad del medio ambiente y la gestión de riesgos.
2.3.3.5 Fortalecer las intervenciones de dotación de documentos de identidad para
promover la inclusión ciudadana y el acceso de los más pobres a los programas sociales.
2.3.3.6 Consolidar Redes Comunitarias para promover y vigilar el adecuado crecimiento y
desarrollo de los niños y niñas con edades hasta cuatro años, así como el adecuado estado
de salud de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia.

2.3.4
Proteger a los niños,
niñas, adolescentes y
jóvenes desde la primera
infancia para propiciar
su desarrollo integral e
inclusión social.
2.3.4.1 Promover la atención integral a la primera infancia a través de la combinación de
atención pediátrica, fomento de la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses,
fortalecimiento nutricional a madres e infantes, orientación a las familias, estimulación
temprana, provisión de micronutrientes y educación inicial desde los tres años de edad.
2.3.4.2 Universalizar el registro oportuno y mejorar la cobertura de registro tardío de los
niños, niñas y adolescentes, especialmente de aquellos que pertenecen a grupos sociales
excluidos.
2.3.4.3 Fomentar una cultura de respeto y protección de los derechos fundamentales de los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
2.3.4.4 Erradicar el trabajo infantil y sus peores formas.
2.3.4.5 Promover el rol de la escuela en la prevención de la violencia y el abuso entre y
contra niños, niñas y adolescentes, en las familias y en las comunidades, así como su
responsabilidad en el referimiento de los casos de violencia a las instituciones
competentes.
2.3.4.6 Fortalecer los servicios de atención y protección de niños, niñas y adolescentes y
población adulta mayor en situación de calle y sin hogar o sobrevivientes de cualquier
forma de violencia.
2.3.4.7 Fortalecer la rectoría del sistema nacional y de los sistemas locales de protección de
derechos de niños, niñas y adolescentes.
2.3.4.8 Desarrollar mecanismos de apoyo a las familias con niños, niñas, adolescentes y
jóvenes en condición de riesgo personal o social.
2.3.4.9 Crear espacios para el sano esparcimiento, el desarrollo personal y la construcción
progresiva de ciudadanía de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, mediante la acción
coordinada de los gobiernos central y local.
2.3.4.10 Incorporar al currículo educativo la educación sexual-reproductiva de los niños,
niñas, adolescentes, las infecciones de transmisión sexual (ITS) y el VIH y promover la
formación en valores para la paternidad responsable y la convivencia familiar, en un marco
de respeto y equidad de género.
2.3.4.11 Garantizar la permanencia de las adolescentes embarazadas en la escuela en su
horario normal, velando que no implique un riesgo adicional para su salud integral y
fomentar que la pareja asuma las responsabilidades parentales que le corresponden.
2.3.4.12 Fortalecer los programas dirigidos a facilitar la inserción de la población joven en
el mercado laboral.
2.3.4.13 Garantizar un programa de alimentación escolar de calidad para la población
estudiantil en condiciones de riesgo alimentario.

2.3.5
Proteger a la población
adulta mayor, en
particular aquella en condiciones de
vulnerabilidad, e
impulsar su inclusión
económica y social.

2.3.5.1 Crear espacios de retiro y larga estadía para la acogida de la población adulta mayor
desprotegida y ambulante.
2.3.5.2 Crear espacios y entornos favorables para el desarrollo de actividades que
fortalezcan la autoestima, valoración e inclusión social de la población adulta mayor.
2.3.5.3 Promover el derecho de la población adulta mayor a participar en el mercado
laboral y el emprendimiento que así lo requiera.
2.3.5.4 Expandir en todo el país y mejorar la calidad de los servicios geriátricos en los tres
niveles de atención del sistema de salud.

2.3.6
Garantizar igualdad de
oportunidades a las
personas con
discapacidad, para
impulsar su inclusión
económica y social y
proteger aquellas en
condiciones de
vulnerabilidad.
2.3.6.1 Promover la creación de infraestructura y logística de movilidad y desplazamiento
para su uso efectivo por parte de las personas con discapacidad, acorde a las normas de
accesibilidad universal.
2.3.6.2 Desarrollar mecanismos y servicios integrales para las personas con algún tipo de
discapacidad que faciliten su inserción educativa y social y les permitan desarrollar sus
potencialidades humanas, incluyendo el uso de las TIC, dentro de un marco de equidad y
justicia social.
2.3.6.3 Ampliar las oportunidades para la inserción de las personas discapacitadas al
mercado laboral, mediante la concertación de acuerdos con el sector privado, el
establecimiento de puestos de trabajos protegidos y el fomento de inciativas
emprendedoras.
2.3.6.4 Fomentar una cultura de respeto hacia la igualdad de derechos y oportunidades de
las personas con discapacidad, que genere un cambio de actitud en la sociedad y permita
superar los estereotipos estigmatizantes, la discriminación y la exclusión social.

2.3.7
Ordenar los flujos
migratorios conforme a
las necesidades del
desarrollo nacional.
2.3.7.1 Reordenar y modernizar el marco legal e institucional, asegurando que sea
compatible con las mejores prácticas internacionales y el respeto a los derechos de la
población inmigrante, con fines de fortalecer el sistema de registro, gestión y control de
los flujos migratorios.
2.3.7.2 Regularizar, conforme a las disposiciones legales, la situación de la población
extranjera que se encuentre en condiciones de ilegalidad o no autorizada en el país.
2.3.7.3 Establecer un sistema de cuotas y/o incentivos para permiso temporal o de
residencia, que defina la cantidad de inmigrantes requeridos según las demandas del
desarrollo nacional.
2.3.7.4 Fortalecer mecanismos eficaces de prevención y sanción contra la trata de personas
y el tráfico ilícito de migrantes, estableciendo sistemas integrales de atención a las
víctimas, especialmente para los niños, niñas y adolescentes.
2.3.7.5 Alinear los cuerpos y órganos del orden público con el marco jurídico existente,
para asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales en la materia.
2.3.7.6 Asegurar el respeto a los derechos humanos de la población inmigrante y su
protección frente a toda forma de violencia.

2.3.8
Promover y proteger los
derechos de la población
dominicana en el exterior
y propiciar la
conservación de su
identidad nacional
2.3.8.1 Transformar el servicio consular en la instancia de protección de los derechos y
asistencia jurídica a la población dominicana en el exterior.
2.3.8.2 Fortalecer los mecanismos para que la población emigrada pueda tener activa
vinculación económica, social, política y cultural con la Nación dominicana.
2.3.8.3 Apoyar la reinserción digna de la población migrante que retorna para asentarse en
el país.